Hemos andado un largo camino, pero hemos llegado a un sitio poco transitado. Un grupo de profesores de Gran Canaria llevamos diez años trabajando en software libre como recurso educativo. Los resultados son buenos, pero muy poco extendidos. Esta Comunidad Autónoma eligió Windows.
Como nadie es profeta en su tierra, la iniciativa, que partió de un IES de Santa María de Guía, por cuenta de
Antonio Quesada, tiene mejor prensa en el mundo hispano que aquí. También es verdad que si la iniciativa triunfara podrían removerse algunas conciencias, y quizá algunos sillones, así que es mejor que nada cambie para que todo siga igual, o al revés.
Por otra parte, algunos centros, a falta de la posibilidad de sugerirles convenientemente que se ciñan a la línea oficial, siguen una línea propia. Son muchos más de los que uno podría pensar y su trabajo es muy honroso, pero los resultados no siempre se conocen en otros centros, ya que los asesores Medusa, por desgracia, están sobrecargados de funciones y no tienen marcada desde arriba como prioridad la atención a proyectos innovadores.
Por otra parte, existe un marcado divorcio entre el proyecto Medusa, dependiente de Viceconsejería de Educación, y la Dirección General de Ordenación, ya que se pisan las competencias. Este disparate tiene paralizado el desarrollo de las tecnologías educativas en Canarias. No sabemos si la historia juzgaría quiénes son los culpables (a estas alturas carece de importancia), pero esperemos que los futuros historiadores locales sí juzguen sus consecuencias: el atraso, en más de quince años, del desarrollo de las tecnologías en la escuela.
O por decirlo de otra manera, con ese dinero se podría haber llegado a un ocho de nota, y se ha llegado a un tres. El entramado de las tecnologías educativas en Canarias, ni progresa adecuadamente, ni parece que necesite mejorar, pues hace muchos años que no se mueve un solo sillón.
Por otro lado, algunas personas se las han ingeniado para desarrollar un sistema viable que permite montar aulas para internet e idiomas, entre otras cosas, por menos de tres mil euros en total, en un tiempo récord y casi sin necesidad de formación específica.
Digo yo que las autoridades esto no lo saben, porque claro, lo lógico sería que, si lo supieran, estuvieran interesadas en implantarlo. Deben de haber llegado a la conclusión de que no es viable ni generalizable. Ellos son los expertos.
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